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FAQs

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Preguntas frecuentes

¿Qué puedo acordar en un pacto de socios?

Los socios y accionistas de las sociedades mercantiles están sometidos a las reglas de la Ley de Sociedades de Capital y a las normas establecidas en los Estatutos Sociales, que son de público conocimiento.

Fuera de los Estatutos Sociales varios o todos los socios pueden suscribir un Pacto de Socios en el que regulen de una manera más detallada las relaciones entre ellos mismos y con la sociedad.

Estos pactos no acceden al Registro Mercantil y vinculan exclusivamente a los socios que lo suscriban.

Los acuerdos más frecuentes son:
- Derechos relativos a la transmisión de las participaciones o las acciones, entre los que se encuentran la regulación de los derechos de adquisición preferente entre socios; el derecho de "acompañamiento" o "tag along", según el cual, si un socio recibe una oferta de un tercero para adquirir su parte en el capital social, los demás socios tienen derecho a que ese tercero se las adquiera también a ellos proporcionalmente hasta el porcentaje que el tercero quiere alcanzar en el compañía; derecho de "arrastre" o "drag along" en el que el socio que reciba una oferta de un tercero para adquirir determinado porcentaje del capital de la sociedad (normalmente el 100% ), puede obligar al resto de socios a vender su participación en el capital social hasta que el tercero alcance el porcentaje deseado.

- Sindicación de voto: los socios se obligan firmantes del pacto se obligan a votar en determinado sentido en las Juntas Generales cuando hayan de tratarse determinados temas, como elección de miembros de consejo de administración o en cuanto al reparto de dividendos.

- Representación proporcional en el Consejo de Administración: cuando los socios firmantes del pacto tienen una mayoría suficiente pueden repartirse la composición del consejo o asegurarse determinados cargos dentro del mismo.

- No competencia y/o permanencia: se puede establecer para determinados socios ejecutivos la obligación de permanecer en la empresa durante determinado tiempo, la de no emprender durante su vinculación con la sociedad o incluso durante cierto tiempo después de su desvinculación, actividades que puedan suponer competencia para la actividad de la propia empresa. La infracción de estos deberes suele conllevar fuertes sanciones para los socios incumplidores.

¿El administrador es responsable de las deudas sociales?

En principio no. Las sociedades mercantiles responden de sus deudas exclusivamente con su propio patrimonio, no alcanzando la responsabilidad ni a socios ni a administradores.

Ahora bien, hay determinadas situaciones en las que el administrador social, sea único, solidario o miembro del consejo de administración, responderá de las deudas de la sociedad.

Las situaciones en las que el administrador social puede llegar a ser responsable de las deudas de la empresa derivan siempre de alguna acción u omisión por su parte.

Entre las omisiones que pueden hacer surgir esa responsabilidad destacan:
- Falta de inicio de la disolución de la sociedad cuando ésta acumule pérdidas que dejen el patrimonio de la sociedad por debajo de la mitad de su cifra de capital social.

- Falta de presentación de la oportuna solicitud de concurso de acreedores cuando la empresa se encuentre en estado de insolvencia.

En cuanto a las acciones de los administradores que con más frecuencia hacen nacer su responsabilidad son aquellas que producen un daño a la propia sociedad, a un socio o a un tercero.

Para que nazca esta responsabilidad es necesario que se aprecie una falta de diligencia o deslealtad por parte del administrador en el desempeño de sus funciones.

No es suficiente que sus decisiones se puedan considerar simplemente desacertadas en términos empresarial en el ámbito de la discrecionalidad empresarial, estando protegida su actuación por el principio denominado "business judgement rule"

¿Puedo firmar un acuerdo de empresa con los trabajadores?

Sí. Muchas veces es necesario firmar mejoras sobre las condiciones establecidas por los convenios colectivo aplicables al sector de actividad de la empresa o, incluso, al Convenio Colectivo de Empresa.

La diferencia básica entre una Convenio Colectivo de Empresa y un Acuerdo de Empresa, suele ser el objeto de la negociación con los trabajadores.

Los Convenios de Empresa tienden a regular todas las materias implicadas en la relación laboral, frente a los Acuerdos de Empresa, cuyo objeto se suele limitar solamente a alguna o algunas materias (por ejemplo, salario y/o jornada laboral).

En ambos casos con quien ha de negociarse es con la representación unitaria de los trabajadores (Comité de empresa o delegados de personal, dependiendo del tamaño de la plantilla en cada centro de trabajo). También es posible, bajo determinadas condiciones, que la negociación se deba hacer con los representantes sindicales (secciones sindicales) en función de las representación que cada sindicato tenga en los órganos de representación de los trabajadores.

En caso de que no exista en la empresa representación legal de los trabajadores se puede nombrar una comisión negociadora ad hoc elegida directamente por los trabajadores afectados.

¿Qué implica firmar un pacto de no competencia postcontractual?

En el ámbito laboral, es conveniente que determinados directivos y mandos intermedios clave suscriban con la empresa un pacto de no competencia postcontractual
Se trata de que el trabajador, durante un plazo de tiempo (nunca superior a 24 meses) después de extinguido su contrato de trabajo, no pueda dedicarse por cuenta propia o ajena a una actividad que sea considerada competencia de la empresa con la que suscribe el pacto.
Es necesario que la empresa tenga un efectivo interés industrial o comercial en la celebración de ese pacto para mantener, por ejemplo, el desarrollo exclusivo de un programa o de determinados conocimientos adquiridos por sus empleados.
Debe acordarse una compensación económica adecuada y proporcional al sacrificio que en términos profesionales supone para el trabajador no poder acceder a determinados puestos de trabajo.
Normalmente la compensación económica se abona al trabajador una vez finalizado su contrato de trabajo; sin embargo es posible que se efectúe un pago mensual por este concepto.
Una buena redacción del pacto de no competencia postcontractual es crucial pues puede determinar su ineficacia si, por ejemplo, la empresa de reserva la facultad de exigir o no el cumplimiento del pacto una vez extinguido el contrato.

¿Cómo puedo evitar ejecuciones y embargos mientras se negocia un acuerdo de refinanciación?

Como persona física se puede presentar una solicitud de Acuerdo Extrajudicial de Pagos ante el Registro Mercantil (si es autónomo por ser profesional o empresario), o ante un Notario Público (si trabaja por cuenta ajena), regulado por los arts. 232 y 242 bis de la Ley Concursal respectivamente. Una vez tramitada la solicitud, el Registrador Mercantil o Notario nombra un Mediador Concursal para que convoque a todos los acreedores. Con el nombramiento del Mediador Concursal se obtiene la protección del patrimonio personal del deudor.

Ahora bien, como persona jurídica se puede comunicar al Juzgado que se han iniciado negociaciones con todos los acreedores para intentar llegar a un acuerdo; comunicación regulada por el art. 5bis de la Ley Concursal. Con la validación de esa comunicación por parte del Juzgado Mercantil, se obtiene la protección del patrimonio empresarial.

Tanto para el Acuerdo Extrajudicial de Pagos como para la comunicación del art. 5bis LC, será necesario evaluar el caso concreto para determinar la estrategia a seguir antes y después de presentadas las mencionadas solicitudes. Para personas físicas será determinante los bienes que pueda tener a su nombre y cómo va a sustentar su plan de pagos. Para las personas jurídicas, se necesita lo mismo; con la salvedad que la contabilidad deberá estar saneada y las cuentas anuales debidamente presentadas en el Registro Mercantil.

¿Cómo alcanzar un acuerdo de refinanciación con las entidades financieras?

El acuerdo de refinanciación previsto en la Ley Concursal (art. 71 bis), ha sido concebido como un mecanismo para incentivar la refinanciación de las deudas y evitar el concurso de acreedores. Lo pueden utilizar las personas físicas y jurídicas. Se trata de una institución pre-concursal diseñada para blindar los acuerdos que se alcancen con los acreedores y regular los efectos en caso de incumplimiento de dichos acuerdos.

Para que un acuerdo de refinanciación sea aceptado por uno o varios acreedores, se deberá presentar un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo. Al respecto, el despacho tiene amplia experiencia en la elaboración de planes de viabilidad hechos a medida.

Lo más importante es conseguir la homologación judicial de este acuerdo para blindarlo de las acciones que pudieran instar los acreedores, para lo cual la Ley Concursal exige unas mayorías que van desde el 51% del pasivo financiero hasta el 80%, dependiendo del nivel de protección que se pretenda alcanzar, así tenemos que se requiere una mayoría más amplia cuando haya acreedores que no suscribieron el acuerdo o mostraron mostrado su disconformidad.